En las últimas semanas se ha intensificado el debate sobre la necesidad de aumentar el gasto de España en Defensa. Es un argumento legítimo si consideramos el escenario geopolítico internacional. Sin embargo, frente a la urgencia por reforzar nuestras fronteras, cabría preguntarse si no es urgente también atender a quienes, dentro de ellas, viven atrapados en la dependencia y el abandono institucional.
Porque mientras debatimos sobre blindajes y presupuestos armamentísticos, en silencio, sin titulares ni cámaras, mueren cada día personas en situación de dependencia esperando esa ayuda, esa plaza, esa respuesta a la que tienen derecho. ¿Es eso seguridad?
La pregunta no es retórica. Tiene que ver con el país que queremos ser y con el lugar que otorgamos a las personas mayores, a las personas dependientes y a sus familias. Porque defender un país también es garantizar que quienes lo han construido puedan envejecer con dignidad, con cuidados adecuados y con derechos efectivos. Y hoy, lamentablemente, no lo estamos haciendo.
Cada 15 minutos fallece en España una persona en lista de espera de la Dependencia. Mientras tanto, cerca de 270.000 siguen aguardando la resolución de un procedimiento que, según la ley, debería protegerlas. Hablamos de personas con Alzheimer, grandes dependientes, mayores de 85 años, en su mayoría mujeres, y de familias —muchas veces invisibles— que soportan el peso de unos cuidados cada vez más complejos y exigentes. ¿Cómo puede ser que un país que se enorgullece de su Estado del Bienestar normalice este nivel de abandono?
La respuesta está, en parte, en los números. El gasto público en Dependencia no alcanza ni el 1% del PIB. Estamos en el 0,9%, muy por debajo del 2% que ya destinan muchos países de nuestro entorno. No es una cifra aleatoria: es la barrera entre un sistema precario y un sistema digno. No se trata de pedir más por pedir, sino de garantizar la sostenibilidad de unos servicios que atienden a más de un millón de personas y emplean a más de 600.000 profesionales en toda España.
El problema no es nuevo. Llevamos años arrastrando una infrafinanciación crónica que sitúa al sector de los cuidados como el “hermano pobre” del Estado del Bienestar. Educación y Sanidad tienen, como debe ser, prioridad política. Pero ¿y la Dependencia? ¿Dónde quedan los cuidados de larga duración, los centros residenciales, los servicios de atención domiciliaria o la teleasistencia? ¿Acaso cuidar no es también una prioridad?
Desde CEAPs, la mayor organización del sector de los cuidados, hemos sido insistentes y rigurosos en nuestras propuestas. Pedimos que los Presupuestos Generales del Estado destinen de forma estable una partida que permita alcanzar ese 2% del PIB. Pedimos una financiación justa, no solo para corregir las desigualdades territoriales —que hoy hacen que la calidad de los servicios dependa del código postal—, sino para garantizar la viabilidad del sistema. Porque cuidar bien cuesta. Y si exigimos calidad, debemos estar dispuestos a financiarla.
Las residencias, los centros de día, la ayuda a domicilio… todos estos servicios son hoy más necesarios que nunca ante el envejecimiento de la población y la creciente complejidad de los cuidados. Pero seguimos pidiendo milagros a un sistema sin recursos suficientes. Mientras aumentan los requisitos legales y las exigencias de calidad (justificadas y necesarias), no se acompasa la financiación pública, ni se dota al sistema de los profesionales y medios que necesita. Queremos jamón, pero seguimos pagando mortadela.
A todo esto se suma un problema estructural: la escasez de profesionales cualificados. En los próximos cinco años necesitaremos incorporar, como mínimo, a más de 100.000 trabajadores para mantener el sistema en España. Pero, ¿cómo atraer talento si no mejoramos las condiciones laborales, si no dignificamos la profesión, si no articulamos medidas reales de conciliación y reconocimiento? El cuidado de las personas mayores requiere vocación, sí, pero también necesita estabilidad, formación y apoyo institucional.
El otro gran reto, que no podemos seguir ignorando, es la coordinación sociosanitaria. No puede ser que, en pleno siglo XXI, los servicios sociales y los servicios sanitarios sigan funcionando en paralelo, sin una estrategia común. La dependencia, lo sabemos, tiene su origen en la enfermedad, en el deterioro funcional, en la pérdida de autonomía. Entonces, ¿por qué seguimos permitiendo que la sanidad pública mire hacia otro lado cuando se trata de atender a personas mayores que viven en una residencia? ¿Acaso sus derechos sanitarios se agotan al cruzar la puerta de un centro?
Este es un debate de país. No es ideológico. Es estructural, ético y urgente. Mientras discutimos sobre los millones que debemos destinar a Defensa para protegernos de amenazas futuras, no podemos olvidar que hoy, ahora mismo, miles de personas viven en situación de desprotección real. Personas que han trabajado, que han cotizado, que han criado familias y que solo piden una cosa: ser cuidadas con respeto, con humanidad y con recursos.
No estamos pidiendo privilegios. Estamos exigiendo justicia. Y estamos ofreciendo también una oportunidad: la de construir un modelo de atención que no solo sea más humano, sino que además genere empleo estable, dinamice el entorno rural, promueva la igualdad y refuerce la cohesión social. Invertir en cuidados no es un gasto: es una inversión inteligente, con retorno económico y, sobre todo, social.
Por eso, desde CEAPs reclamamos que la Dependencia tenga, de una vez por todas, el lugar que merece en la agenda política y presupuestaria. Que no se congele el Plan de Choque. Que se recuperen los 600 millones de euros recortados. Que se escuche a quienes representamos al sector. Y que se garantice, por justicia social, una partida directa del 2% del PIB en los próximos Presupuestos Generales del Estado.
Cuidar también es proteger. Lo que defendemos no son solo plazas, prestaciones o presupuestos. Lo que defendemos es la dignidad de las personas. Y eso, en cualquier país que se llame democrático, debería ser también una cuestión de Estado.
Por Rafael Sánchez-Ostiz, presidente del Círculo Empresarial de Atención a las Personas (CEAPs)
